Este desvío hacia boletos más caros implicaría una sustracción de 100 mil millones de pesos, motivando el pedido de reliquidar subsidios mediante la verificación de transacciones SUBE. De confirmarse la operatoria, el grupo enfrentaría graves delitos penales como fraude a la administración pública, malversación de fondos y daño al servicio público, comprometiendo seriamente su situación legal y operativa ante las autoridades nacionales.
La investigación indica que este patrón de comportamiento se extendería a todo el holding, abarcando líneas de jurisdicción provincial como la 276, 336 y 392, e incluso nacionales como la 176. En todos los casos, se observa un desplazamiento de las secciones iniciales hacia tramos de mayor valor, afectando directamente el bolsillo del pasajero de forma injustificada.
Estos datos guardan coherencia con las quejas que los usuarios difundieron en redes sociales desde abril pasado, denunciando la aplicación de tarifas de quinta sección para recorridos cortos y cambios arbitrarios en los límites de los tramos en líneas como la 182. Tales maniobras buscarían maximizar la recaudación mediante el cobro excesivo y la distorsión de los registros que determinan el reparto de los fondos estatales.
