A la situación se suma una deuda acumulada en concepto de compensaciones que supera los 128 mil millones de pesos, sostenida hasta ahora por el propio sector con un significativo esfuerzo financiero y operativo. Las cámaras convocaron a una reunión para el próximo 30 de abril en el ámbito de la Secretaría de Transporte de la Nación, donde esperan recibir definiciones urgentes. En ese encuentro exigirán respuestas concretas, inmediatas y verificables sobre los mecanismos de reconocimiento de costos.
Las entidades firmantes —CTPBA, CEAP, CETUBA y CEUTUPBA— advirtieron que, de no mediar soluciones en el corto plazo, se verán obligadas a profundizar las medidas de racionalización de los servicios, con el consecuente impacto sobre los usuarios. Reafirmaron su compromiso con la continuidad del transporte público, pero subrayaron que la situación actual resulta insostenible sin previsibilidad financiera mínima. El sector reclama que se adopten decisiones urgentes que permitan garantizar el funcionamiento de un sistema esencial para millones de pasajeros del área metropolitana.
Las cámaras remarcaron que han agotado las instancias internas de sostenimiento y que la responsabilidad de la solución recae ahora en las autoridades nacionales y provinciales. La declaración de emergencia busca visibilizar una crisis que, de no resolverse, podría afectar gravemente la prestación del servicio en toda la región.
